Apuntes Internacionales

Cuba ha recordado esta semana la detención de cinco hombres que hace 13 años estaban trabajando en Estados Unidos al servicio de la Inteligencia del entonces gobierno de Fidel Castro. Una detención que alejó aún más la posibilidad de una reconciliación entre Washington y La Habana.

La lucha por su excarcelación ha supuesto una de las más grandes campañas internacionales que ha desplegado el gobierno cubano desde la revolución de 1959, comparándose solamente con los esfuerzos mundiales que ha emprendido para lograr que la Casa Blanca ponga fin a más de cincuenta años de bloqueo económico.

El grupo de 'los cinco' está conformado por Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González Llort. Todos ellos fueron detenidos el 12 de septiembre de 1998 por el FBI en Estados Unidos, donde han sido acusados --entre otros delitos-- de "conspiración para cometer espionaje" a favor del régimen castrista.

Las fotos de los llamado "cinco antiterroristas" aparecen en todas las esquinas de Cuba, incluso dentro de las pocas empresas privadas extranjeras que operan en la isla, como por ejemplo los hoteles. El objetivo es que todo el mundo sepa que Cuba no descansará hasta que sean libres estos hombres a los que califica de "héroes" y "presos políticos".

La detención de 'los cinco' puso en evidencia que, tras casi una década del fin de la Guerra Fría, Cuba y Estados Unidos mantenían operaciones de Inteligencia y espionaje como si la cortina de hierro estuviese intacta en el estrecho de la Florida.

El primer argumento es que los cinco se encontraban en Estados Unidos haciendo labores de espionaje con fines subversivos. Lo cual no quedó plenamente demostrado en el juicio, donde se les condenó por delitos relacionados con "conspiración para cometer espionaje".

Cuba ha rechazado de plano todas las teorías de su enemigo del norte y desde hace trece años mantiene el argumento de que 'los cinco' se encontraban en territorio norteamericano para infiltrarse en los grupos de la disidencia cubana y conocer los supuestos planes contra el gobierno de Castro.

En una de las oportunidades que me tocó conversar en La Habana con Olga Salanueva, esposa de René González, me contaba que estos cinco hombres habían entregado información valiosa a Estados Unidos sobre plantes terroristas contra ese país. Lo que, según ella y La Habana, demuestra que no tenían ningún tipo de intención de atentar contra los intereses de Washington, sino proteger a la población cubana.

Para entender todo esto es muy importante acotar sobre un hecho trascendental en las deterioradas relaciones entre ambos países. La captura de 'los cinco' se produjo después de que en febrero de 1996 la Fuerza Aérea Cubana derribara dos avionetas de Hermanos al Rescate, organización disidente con sede en Miami. Los cuatro pilotos y copilotos fallecieron.

La versión de Cuba: las avionetas violaron el espacio aéreo nacional, llegando a sobrevolar de forma rasante La Habana. La organización tendría antecedentes de haber violado territorio cubano para repartir propaganda subversiva, hechos que habían sido denunciados por el gobierno de Castro.

Las avionetas fueron derribadas porque son detectadas por los radares cubanos. Nadie desde Estados Unidos habría dado información sobre este hecho.

La versión de la disidencia: las avionetas estarían en aguas internacionales y no habrían entrado nunca en espacio aéreo cubano. Su derribo se produjo fuera de los límites cubanos, por tanto, se trata de una acción ilegal.

Hermanos al Rescate se creó durante el llamado Período Especial que vivió Cuba tras la caída del bloque socialista soviético, su principal aliado y proveedor. Para ese entonces, los cubanos salían en masa hacia Estados Unidos, empujados por la escasez y la falta de recursos, además de la radicalización del bloqueo económico que hundió aún más la economía de la isla. El objetivo de la organización, según sus fundadores, era llevar ayuda a sus compatriotas en la isla.

El juicio comenzó en noviembre de 2000 en Miami, el principal emporio de la disidencia anticastrista en el mundo. Esto despertó suspicacias en el gobierno de Castro que de inmediato acusó a Washington de buscar un escenario propicio para evitar que un jurado realmente parcial tuviera en sus manos el destino de 'los cinco'.

Pero eso no es todo. La parte acusadora estaba representada por la fiscal Caroline Heck Miller, quien en 2005 se habría negado a encausar como terrorista al cubano Luis Posada Carriles, acusado por La Habana de ser uno de los autores intelectuales de un atentado bomba contra una aeronave de Cubana de Aviación en el año 1976 que dejó 73 muertos. Otro ingrediente más que agudizó las tensiones en torno a este proceso.

El juicio estuvo a cargo de la jueza Joan Lenard.

De los once miembros del jurado, ocho eran cubanos residentes en Florida y uno era un venezolano que, según la prensa oficial de la isla, se había declarado un acérrimo detractor del presidente Hugo Chávez, aliado de los hermanos Castro.

Fueron siete meses intensos que convirtieron este proceso en el juicio más largo que haya tenido lugar hasta el momento en Estados Unidos.

Comparecieron alrededor de 80 testigos. Se utilizaron 119 volúmenes de transcripciones y 15 volúmenes de narraciones de hechos previos al juicio. El despliegue de abogados fue inédito. Finalmente en junio de 2001 el mundo conoció la sentencia: culpables.

Se presentaron un total de 26 cargos contra 'los cinco', de los cuales 24 son considerados menores y de carácter más bien técnico. Pero los dos restantes eran lo suficientemente graves como para que se les destinara a pasar su vida en prisión.

El único cargo que aceptaron los imputados fue el de no registrarse como agentes extranjeros ante la Fiscalía General de Estados Unidos, sin embargo, esgrimieron la Defensa de Necesidad, una doctrina del "common law" (derecho común estadounidense) que exime de culpa a quienes tuvieron que escoger entre violar leyes menores o proteger su integridad propia o la de otros, o para prevenir que algo grave ocurra. Los abogados recurrieron sin éxito a este derecho alegando que su trabajo en territorio norteamericano tenía como objetivo defender vidas humanas de los supuestos ataques que estarían preparando los grupos anticastristas.

Las penas oscilaron entre los 15 años y la prisión perpetua. En todos los casos y para todos los cargos se aplicó la pena máxima.

René González: condenado a 15 años de prisión por conspiración y trabajar como agente extranjero no declarado.

Antonio Guerrero: condenado a cadena perpetua por los cargos de conspiración, conspiración para cometer espionaje y agente extranjero no declarado.

Ramón Labañino: sentenciado a la pena de cadena perpetua más 18 años por los cargos de conspiración, conspiración para cometer espionaje y agente extranjero no declarado.

Fernando González: condenado a 19 años de prisión, la pena máxima por tres cargos principales: conspiración, obtención y uso de documentación falsa y utilización ilegal de documentos de identificación, además de agente extranjero no declarado.

Gerardo Hernández: condenado a dos cadenas perpetuas más cinco años de prisión por los delitos de conspiración para espiar, documentación falsa, ser agente de un gobierno extranjero sin estar registrado y conspiración para cometer asesinato. Siete meses después de haber sido arrestado la acusación introduce un elemento sorpresivo que descuadró a la defensa: agregó el cargo de conspiración para cometer asesinato por su supuesta implicación en el derribo en 1996 de las dos avionetas de Hermanos al Rescate. Este nuevo elemento fue lo que hizo que sobre Gerardo pesaran las más duras condenas de este juicio, a pesar de que la parte acusadora no encontró pruebas contundentes de su participación en este hecho.

En otra entrevista a Olga Salanueva, esta vez en España y en compañía de Adriana Pérez, esposa de Gerardo Hernández, ambas me comentaban que la parte acusadora "nunca" llegó a probar que efectivamente 'los cinco' estaban realizando labores de espionaje en detrimento de los intereses de Washington. "No encontraron nada porque no había nada que encontrar y por eso no se les cayó su argumento de que eran unos espías", coincidieron ambas.

Esta fue la primera vez que unos cubanos al servicio de la Inteligencia del castrismo recibían penas tan duras en territorio enemigo. Su juicio suscitó en los medios latinos de Estados Unidos una gran controversia y se siguió como si se tratara de un proceso clave para poner en jaque a La Habana, aunque en realidad no afectó políticamente al régimen de los hermanos Castro.

Es por este motivo que las autoridades cubanas iniciaron, una vez conocidas las sentencias, una gran campaña internacional así como la movilización de abogados y expertos en derecho penal y civil para lograr un sólo objetivo: la excarcelación de 'los cinco'.

Una de las medidas más relevantes por los resultados obtenidos fue el recurso introducido ante el XI Circuito de Apelaciones de Atlanta los argumentos de que se les negó un juicio justo por haberse celebrado en Miami, la conspiración para cometer espionaje no fue probada más allá de una duda razonable y las sentencias habrían sido excesivas en violación de las pautas apropiadas, explicó en su momento Leonard Weinglass, abogado de Antonio Guerrero.

En agosto de 2005 la Corte finalmente dio a conocer un veredicto histórico: ordenó revocar sus condenas y hacer un nuevo juicio tras considerar el proceso judicial no fue imparcial por haberse celebrado en Miami y por haber impuesto penas demasiado altas. Sin embargo, 'los cinco' continuaron en prisión.

Un año después, el pleno de esa misma corte de Atlanta rechazó por mayoría esa decisión ratificando las condenas y negó realizar un nuevo juicio. El caso fue remitido nuevamente al panel para su reconsideración, pero dos de los miembros rechazaron esa decisión argumentando que el caso de 'los cinco' era algo "excepcional" y defendieron la propuesta de hacer el juicio en una nueva sede.

A finales de 2009, esa misma Corte se pronunció a favor de modificar las condenas de tres de los imputados. La sentencia original de Fernando González (19 años) fue modificada a 17 años más 9 meses en prisión, mientras la de Ramón Labañino (cadena perpetua más 18 años), reducida a 30 años en prisión. Antonio Guerrero deberá pasar 21 años más 10 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada, después de haber sido condenado a cadena perpetua más 10 años de prisión.

La condena de René González permaneció igual (15 años). Se espera que bajo un beneficio especial que disponen las leyes estadounidenses, el próximo 7 de octubre salga de prisión pero deberá permanecer tres años más en Estados Unidos, según la decisión tomada esta misma semana por la jueza Joan Lenard tras rechazar la moción para modificar las condiciones de la libertad supervisada presentada por sus abogados. Eso quiere decir que René no podrá regresar a su casa en Cuba hasta dentro de tres años.

El caso que La Habana considera más delicado es el de Gerardo Hernández (condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión). La acusación se ha ensañado con su supuesta implicación en lo ocurrido a Hermanos al Rescate en 1996, muy a pesar de que el gobierno de Castro ha insistido en que no tuvo ninguna vinculación.

La defensa introdujo un habeas corpus con miras a lograr el indulto de Gerardo, pero hasta el propio régimen se muestra pesimista de que se obtenga un resultado positivo.

Amnistía Internacional, que generalmente emite duros comunicados contra el régimen castrista, se ha pronunciado también sobre este polémico caso que cada vez tiene más repercusión internacional. Hace unos días pidió a Washington revisar el caso y considerar la posibilidad de un indulto (en caso de que proceda), pues asegura que existieron irregularidades en el proceso judicial.

La defensa ha presentado un habeas corpus a favor de los que permanecerán en prisión, agotando así todas las alternativas legales que tenía para lograr la excarcelación de 'los cinco'. Esta vez lo que buscan probar es que hubo una relación entre la decisión tomada por el jurado en 2001 y una campaña promovida desde los medios disidentes en Florida.

En el recurso agregan documentos obtenidos a través de una petición de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA) que demuestran el supuesto vínculo existente entre periodistas pagados por el gobierno de Estados Unidos y la campaña contra el juicio que se celebró en Miami.

"Más de 2.200 páginas de contratos entre periodistas de Miami y de Radio y TV Martí, fueron obtenidos mediante una petición formulada por el Comité Nacional estadounidense para la Libertad de los Cinco Cubanos, la Fundación de la Asociación por la Justicia Civil (PCJF) y el periódico Liberation. Nóminas de pago del gobierno estadounidense guardan los nombres de reporteros de los diarios The Miami Herald, El Nuevo Herald, Diario Las Américas, y de emisoras de radio y televisión de Miami, cuando las autoridades norteamericanas juzgaban a los cubanos", reveló Cubadebate.

Todo parece indicar que Cuba tienen en sus manos las pruebas para sostener estos argumentos, sin embargo, como ya dijimos, hay pesimismo ante la posibilidad de que se emita una resolución a favor.

Ante este panorama, al gobierno de Castro no le ha tocado más que reconocer que ya no hay alternativas y que la última palabra la tiene ahora el presidente Barack Obama, quien en su condición de jefe de Estado puede firmar un indulto y enviar a casa a los "antiterroristas".

Es por eso que se ha desplegado una intensa campaña internacional para convencer a Obama que proceda a firmar el indulto. Pero el mandatario estadounidense podría verse presionado por lo grupos de la disidencia en Florida --de gran peso político y electoral-- y negarse a plasmar su rúbrica.

Las tensiones entre Washington y La Habana --que tienen relaciones rotas desde hace 50 años-- empeoraron cuando en 2009 es detenido en la capital cubana Alan Gross, un contratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) que financia, entre otras cosas, programas destinados a promover la democracia en la isla.

La justicia cubana le condenó este año a 15 años de prisión por "actos contra la independencia o la integridad del Estado", al demostrar que estaba distribuyendo ilegalmente equipos de comunicación satelital. Gross alegó que eran para la pequeña comunidad judía que habita en la isla, pero los propios judíos habrían negado estas versiones.

Algunas versiones no oficiales apuntan a que Cuba querría hacer un canje entre Gross y 'los cinco', pero el jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Jonathan Farrar, dijo hace unos meses en una entrevista a Voice of America que ambos gobiernos no han planteado "nunca" la posibilidad de hacer un intercambio. "Son casos completamente distintos. No hay una conexión entre uno y otro", enfatizó.

La 'causa de los cinco' ha sido incluida dentro del Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social que aprobó el pasado abril el Partido Comunista de Cuba y que incluye cambios trascendentales en la isla.